Reunir, capacitar y construir identidad entre profesionales del Derecho que revistan en el sector público son tres premisas fundamentales que se ha fijado un colectivo que no en vano se llama Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Mañana, se lanzará formalmente una diplomatura –sin costo-, en Paraná, en el marco de las acciones que tienden a vigorizar estos equipos.
Víctor Fleitas
Desde hace ya un tiempo, Entre Ríos viene recorriendo un camino que tiende a jerarquizar institucional, académica y socialmente al Derecho Administrativo. Para muchos, no es más que una serie de decisiones vinculadas a la burocracia del Estado y circunscripta a un problema de los abogados. Pero, en realidad, se trata de los escenarios con los que los ciudadanos comunes y las instituciones interactúan frecuentemente, apenas se presentan ante un representante del Estado por una diligencia o un cruce de intereses.
Ese almácigo, regado con transformaciones que involucran a los tres poderes, ha sido abonado con instancias de formación que han ayudado a constituir un campo. La carrera que está próxima a lanzarse emerge de ese contexto.
En efecto, el lunes a las 18, en el Centro Provincial de Convenciones, se lanzará una Diplomatura en Abogacía pública en Entre Ríos, bajo la tutela de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, una institución de peso que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación.
La acción se enmarca en una política que procura visibilizar y poner en valor el papel de los abogados en la defensa del interés general, en un contexto en el que el perfil profesional de los profesionales del Derecho ha mutado hacia otras perspectivas, menos interesadas por los bienes comunes.
La especialización está dirigida a abogados y abogadas que ejerzan en el Estado, nacional, provincial o municipal.
En la ocasión, estará presente Guido Croxatto, director de la Escuela, formado en la perspectiva de los Derechos Humanos, docente universitario e investigador.
A pedido de EL DIARIO, Croxatto accedió a ser entrevistado. Lo que sigue es una síntesis de lo compartido en esa oportunidad.
– ¿En qué consiste la Diplomatura en Abogacía pública en Entre Ríos?
– Aspira a formar abogados y abogadas comprometidos con la defensa del interés público. Para llevar esa defensa adelante hacen falta herramientas. Esas herramientas y doctrinas se desarrollan en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que integra la Procuración del Tesoro de la Nación.
La diplomatura es parte de lo que se llama “Carreras de Estado”. Es un título que imparte la Procuración del Tesoro de la Nación, directamente, con autonomía. No depende de ninguna Universidad. El costo es nulo: es un curso gratuito, para los y las abogadas del Estado que aspiren a mejorar sus conocimientos para desempeñar mejor su tarea.
La cursada será bajo modalidad virtual, con profesores de todo el país, aunque también habrá algunas clases presenciales. La inscripción es durante todo el mes de diciembre y se puede hacer a través de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos. La cursada empieza en marzo de 2023 y concluye en noviembre del mismo año.
El requisito para inscribirse es ser abogado o abogada e integrar el Estado provincial, nacional o municipal en la provincia de Entre Ríos. Nuestra apuesta es generar dos diplomaturas: una en el norte argentino y otra en la Patagonia. Creemos que hay que alcanzar un piso común en la formación de los servicios jurídicos, para mejorar poco a poco la coordinación al interior del Estado. Cuanto más coordinados estemos, más eficiente será nuestro trabajo.
– Habiendo tanta oferta académica, ¿para qué es necesario una formación en Abogacía pública?
–En muchas provincias no hay facultades públicas impartiendo la carrera de Derecho. La mayoría de los nuevos abogados se forman en cursos a distancia, virtuales, con poco rigor académico, muchas veces en universidades privadas. El problema es que esas carreras no tienen una mirada amplia del rol del Estado, sino más bien lo contrario: aspiran a formar abogados para el sector privado, con poco compromiso con la defensa del interés nacional, público, y soberano.
Nosotros, desde la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, intentamos revertir esta tendencia. Creemos que es indispensable mejorar el nivel de formación de las y los abogados, generando programas de estudio presenciales, con buen nivel académico, y donde la prioridad esté puesta en el Derecho Público, no en el Derecho privado, empresario o comercial. Son miradas y prioridades distintas. Nosotros defendemos la universidad pública, y también la salud pública, y sobre estas dos banderas que ya nadie o casi nadie discute en nuestro país, sumamos un tercer pilar: la abogacía pública, una bandera que hay que volver a levantar. Hay que estar orgullosos de defender los intereses colectivos.
ENFOQUES. – Desde hace un tiempo, han ganado terreno algunas dimensiones dentro del Derecho: la ambiental, la perspectiva de género y la especializada en los aspectos administrativos ¿Es una coincidencia o dan cuenta de un status quo que debe modificarse?
–El avance del feminismo en el Derecho es un hecho sumamente positivo. Ha permitido desarmar prejuicios y violencias que venían padeciendo las mujeres. Owen Fiss sostiene que desde la caída de los Critical Legal Studies en las facultades de Derecho de Estados Unidos, la única corriente crítica que queda en pie es el feminismo. Coincidimos con esta postura.
De todas maneras, aún queda mucho por hacer. Pensemos en el fallo de la Corte Suprema en el caso Romina Tejerina: una vergüenza. Fue una sentencia sin perspectiva de género. Hoy ese fallo sería imposible. Las mujeres tomarían el Palacio de Justicia y con mucha razón.
Lo único positivo de ese fallo -que, por otra parte, fue una bisagra para el feminismo argentino- es la disidencia de los jueces Zaffaroni y Fayt. A partir de esa condena salen con fuerza las mujeres a la calle a protestar y pedir la legalización del aborto. Ese fallo fue una bisagra social. Pero la mayoría del tribunal -incluyendo el voto de dos juezas- optó por castigar a una mujer empobrecida y violentada. Esa es la mirada que hay que erradicar de nuestros tribunales.
Coincido con que la reforma judicial debe ser feminista y popular. También la reforma de la vida académica, que en muchos aspectos reproduce todavía patrones de desigualdad contra las mujeres. No hay igualdad; hay que construirla.
–En Entre Ríos, está previsto abrir una carrera de Derecho, dentro de UNER ¿Qué características desearía que tenga una propuesta de ese tipo?
–Precisamente, es una muy buena noticia para Entre Ríos, porque es una universidad pública, nacional; no una universidad privada. En algunas provincias del sur del país la única forma de estudiar Derecho es cayendo en una universidad privada, pagando y estudiando no de libros, sino con cuadernillos con múltiple choice.
Así no se puede estudiar Derecho. Como propuesta diría que hay que hacer eje en el Derecho Administrativo, que suele ser una materia importante pero mal impartida, en pocos módulos, y mejorar la impronta en Derecho Público.
Desde la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, creemos que la abogacía, que se orienta a la defensa de la Justicia en una sociedad, es pública por definición. Si hace falta volver a aclararlo es porque hemos retrocedido mucho. No debería hacer falta tener que aclarar que la abogacía es ante todo pública. Es una obviedad. Si esto dejó de ser “obvio” es porque han avanzado y se han impuesto miradas o enfoques neoliberales, tecnocráticos, comerciales, críticos del rol del Estado, o con una mirada subsidiaria y secundaria del mismo (como la de Casagne), subestimando la importancia y el rol del servicio jurídico del Estado.
Tenemos que apostar a formar abogados y abogadas más comprometidos con la defensa del interés público y de la justicia como principio rector. Hoy parece que lo hemos olvidado: los abogados se dedican más a pensar en la lógica del costo-beneficio, en ganancias para algunos estudios, que, en el bien común, que es lo que encarna el Estado y lo público. Hay que recuperar esta impronta.
PERTINENCIAS. – ¿Cómo se jerarquiza la abogacía pública en la Argentina?
– Primero, generando mayor conciencia acerca de la importancia del rol del abogado del Estado. No es una tarea menor: son las y los abogados que defienden el interés de la Argentina, nuestros recursos, nuestro patrimonio, nuestra soberanía. La abogacía pública se jerarquiza visibilizando su tarea; explicando su función. En una sociedad sin un servicio jurídico bien preparado, el Estado queda indefenso y cede recursos por los litigios que se le hacen y que se pierden.
En cambio, si los abogados del Estado están bien preparados, si nos defendemos bien, ganamos recursos que luego pueden servir para construir escuelas, rutas, y hospitales.
Hacerle juicio al Estado tiene que ser difícil; no fácil. Y para eso necesitamos abogados y abogadas preparados y comprometidos, firmes en su función. Nosotros apostamos a recuperar la impronta de la abogacía estatal; a generar conciencia hacia dentro del cuerpo de abogados del Estado: queremos generar sentido de pertenencia y orgullo en la función que desempeñamos.
Este año se celebran los 75 años de la creación del Cuerpo de Abogados del Estado. Es una ocasión más que propicia para volver a levantar esta bandera: la bandera de la abogacía pública.
– ¿Qué relación puede establecerse con cierta inacción de la Justicia ante los delitos del poder económico? ¿Qué importancia tiene en ese sentido la investigación promovida por el destino de la deuda con el FMI tomada durante la gestión de Mauricio Macri?
– Es muy importante esta pregunta. Efectivamente la Justicia solo se activa para perseguir y encarcelar a los chicos pobres, pero no avanza con la misma rapidez cuando se trata de los crímenes sofisticados de los sectores económicos y financieros que cuentan con mucho poder y capacidad de ocultar pruebas. Nuestra Justicia es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Habría que revertir esta tendencia, esta selectividad inherente contra los sectores más vulnerados.
Hay un decreto, el 239/21, que instruye a la Procuración del Tesoro de la Nación a ser querellante en la causa que investiga la posible comisión de delitos graves en la toma de deuda externa del gobierno de Macri. En lo personal, creo que es claro que hay varios delitos: administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, no respetar al Congreso de la Nación, no respetar procedimientos administrativos. Pero todo esto lo tiene que determinar el Poder Judicial. Esa es su tarea: que se sepa la verdad para no repetir la expoliación de recursos que siempre suponen en América Latina los procesos de endeudamiento. Las deudas nunca han paliado el atraso. Al contrario: han profundizado nuestro subdesarrollo.
Me sorprende que haga falta sacar una ley para cumplir con lo que ya establece nuestra constitución: que la deuda externa debe pasar sí o sí por el Congreso. Creo que estamos haciendo un aprendizaje lento en materia de deuda externa. Por eso es valioso que se instruya una causa judicial. Esto no había sucedido nunca. Es un paso muy importante.
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