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“Esta crisis es una oportunidad para avanzar en un sistema acusatorio verdadero”

Guillermo Reggiardo, denunciante en el jury que culminó con la destitución de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, manifestó a El Diario su visión del proceso y opinó que “esta crisis es una oportunidad para avanzar en un sistema acusatorio verdadero, con fiscales titulares, que tengan políticas criminales claras, que no haya

Guillermo Reggiardo, denunciante en el jury que culminó con la destitución de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, manifestó a El Diario su visión del proceso y opinó que “esta crisis es una oportunidad para avanzar en un sistema acusatorio verdadero, con fiscales titulares, que tengan políticas criminales claras, que no haya ‘caso por caso según la cara del cliente’ como pasa hoy que el mismo hecho lo encuadran según el sujeto”.

 

Redacción EL DIARIO / [email protected]

El letrado, que defendió a Domingo Daniel Rossi en numerosas causas, sostuvo que “en cuanto al resultado de la votación del Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) creo que es lo que muchos esperábamos. Goyeneche eligió el ataque para defenderse, el montaje de una operación de desprestigio desde los denunciantes, pasando por algún sector de la política, jueces, funcionarios, todo el que no se alineaba conforme sus intereses era cuestionado por ella o por algún sector de la prensa que toma esta lucha como propia”.

En relación a los motivos del jury opinó: “Creo que como no había elementos concretos para defenderse de los hechos puntuales por los que fue denunciada, intentó desviar la atención atacando a todo el mundo. Ni los defensores más acérrimos pueden explicar por qué donó el departamento a su sobrina cuando ya había allanado a Opromolla (N de la R: Pedro Opromolla, imputado en la causa contratos en la Legislatura, con quien Goyeneche compartía dos fideicomisos inmobiliarios), porqué se molestó cuando el cadete menciono a su marido como parte del staff del estudio (N de la R: se refiere al estudio contable Integral Asesoría, al que Fiscalía le atribuye un rol vital en la causa Contratos), y porqué solicitó su allanamiento. En dicho procedimiento va de suyo que no se encontró nada y nadie siguió la pista Bertozzi (N de la R: Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de Goyeneche y amigo de Opromolla, que en un tiempo fue parte del estudio OKO), eso llama mucho la atención”.

El letrado manifestó que “los que seguimos el jury y escuchamos los testimonios, nos quedó claro que era habitual verlo a Bertozzi en el estudio, y que su rol era acercar inversores para fideicomisos inmobiliarios, a mi me quedó francamente la duda si los miles de pesos que pasaban por ese estudio no iban a parar a esos fideicomisos, entiendo que eso será materia de un análisis penal más profundo”. La hipótesis de Fiscalía es que las millonarias sumas de dinero que se habrían sustraído al Estado en la causa Contratos, se blanqueaban a través de operaciones inmobiliarias y ganaderas.

Reggiardo aclaró que “ninguno de los denunciantes hemos tenido vínculos con el ex gobernador Urribarri, eso molestó mucho porque es una infamia que se han encargado de repartir en los medios nacionales. Creo que como no tenían defensa ante las irregularidades apostaron a la grieta, a tratar de vincular la grieta política en este conflicto, creo que eso no lo lograron más allá de la complicidad de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio”. Además de Reggiardo, la destituida fiscal fue denunciada por los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, ambos de pública afinidad a Juntos por el Cambio.

El denunciante sostuvo que “hoy los defensores (N de la R: Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita) hablan de que Goyeneche cometió irregularidades y sostienen que la destitución es desproporcionada o demasiado, y ahí vuelven a chocar con la ley, porque no hay posibilidades de sanciones menores, al estilo tirones de orejas, porque la ley prevé que se absuelve o destituye”.

Reggiardo consideró que durante el proceso se pidió “la intervención de la Corte Suprema en un tribunal como el HJE, que no es judicial; han mentido con la CIDH y la ONU. En realidad en la CIDH fue parte de un grupo de fiscales que llevo una inquietud y lo de la ONU también es parte de la estrategia comunicacional, no tiene efectos. Tergiversan el fallo de la Corte, que nunca dijo que el amparo era la vía, solo se limitó a decir que no debía ser rechazado por los recursos en trámite que había presentado el procurador general Jorge García, y que debían ir más allá. Entiendo también que además está mal propuesto el amparo, porque aunque hubiese perdido el estado provincial no tiene forma de intervenir en el HJE”.

En relación a los apoyos que recibió Goyeneche durante el desarrollo del jury, el letrado opinó: “Me causó mucha indignación la solicitada de los 102 fiscales y verlos a algunos haciendo barra en el HJE, o promoviendo marchas y escraches. Creo que se han extralimitado. Es elocuente porque estos mismos 102 fiscales pretendían se acusadores en el jury a Goyeneche, si ello hubiera pasado el proceso hubiese sido simbólico, ya que del accionar de los fiscales se desprende su falta de objetividad en el tema”.

Reggiardo expresó que “esta crisis es una oportunidad para avanzar en un sistema acusatorio verdadero, con fiscales titulares, que tengan políticas criminales claras, que no haya ‘caso por caso según la cara del cliente’ como pasa hoy que el mismo hecho lo encuadran según el sujeto”. También recordó que “entre 2006 y 2015 García fue jefe de los fiscales y no hubo causas de corrupción, personalmente patrociné y firmé decenas de denuncia, todas dormían y duermen, hay cajas que no se tocan, dirigentes que no se tocan. Y las 150 causas que presumen son denuncias por las que se ha formado causas a perejiles, algunas denunciadas por irregulares, pero la percepción de la gente es que los fiscales no hacen bien su trabajo, ganan mucho, y los resultados están a la vista”.

Respecto a su desempeño como abogado, manifestó: “Se me ha enrostrado muchas veces ser abogado defensor de Rossi, y la realidad es que más allá de que creo que sus causas son emblema del lawfare, en estos años vimos como tiene dos causas. Una abierta por el fiscal Álvaro Piérola, el día después que la CIDH aceptó revisar la causa Rossi y por el mismo tema, y la otra es una construcción de asfalto donde se pagaron 20 y se hicieron 27”.

Reggiardo opinó que “es insólito lo de las 27 cuadras pero es real, el perito es un perito de la Fiscalía, y así como en Santa Elena esos planes se hicieron en toda la provincia. Además los empresarios fueron beneficiados con Probation, cosa que corresponde, se ha demostrado que no hubo perjuicio, las cuadras están por lo que creo que claramente hay algunos funcionarios que son denunciados y jamás se les abre causa y otros están permanentemente en la parrilla”.

En relación a las causas contra el intendente de Santa Elena, Reggiardo opinó: “Es insólito lo de la CIDH ya que el estado argentino hace casi seis años que está en mora y no ha contestado por las irregularidades de la condena a Rossi en 2006. Creo que se buscó por todos los medios frenar al HJE, eso es un delito”.

Finalmente sostuvo: “Soy un abogado defensor que toma los casos con mucha responsabilidad y en la defensa soy muy vehemente. Su derecho de defensa no está cuestionado, pero creo que se ha excedido, ha amenazado jueces y abogados con causas penales, escraches, ha mentido, en fin una serie de condimentos que hacen que este caso sea una página muy triste de la justicia penal entrerriana. Es momento de una reforma del código procesal, y que todos los actores del proceso seamos escuchados. Los defensores no queremos delincuentes en la calle, nuestra función es que haya procesos justos, y esto no está pasando con el MPF”.

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