Tres ex funcionarios sentados en el banquillo de los acusados por llevar adelante una política de ayuda social. Un funcionario en ejercicio que hizo de la denuncia una campaña electoral. Un entramado social ¿lesionado? que deberá reponerse de una causa que desde hace más de cuatro años tiene en jaque las relaciones que hicieron de
Tres ex funcionarios sentados en el banquillo de los acusados por llevar adelante una política de ayuda social. Un funcionario en ejercicio que hizo de la denuncia una campaña electoral. Un entramado social ¿lesionado? que deberá reponerse de una causa que desde hace más de cuatro años tiene en jaque las relaciones que hicieron de Crespo una ciudad vital, pujante y en permanente desarrollo.
Néstor Belini
El juicio que se sustancia desde el lunes 1 de marzo contra Ariel Robles, Jorge Waigel y Leonor Winderholler, todos ex funcionarios de la Municipalidad de Crespo en la gestión 2011-2015, dejó para el análisis una serie de situaciones que exceden el riguroso y frío legajo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y la calificación legal atribuida.
Robles, en su condición de ex intendente de Crespo, y Windeholler y Waigel, como ex secretarios de Hacienda y de Gobierno, respectivamente, enfrentan cargos por el presunto delito de Peculado. Mañana será la etapa de alegatos de cierre donde las partes fundamentarán sus pedidos al Tribunal.
La causa tuvo momentos importantes que permiten, habilitan, entender el desarrollo de un proceso que, como quedó expuesto durante el debate, comenzó con una denuncia del actual intendente de Crespo por Juntos por el Cambio, Darío Schneider, que tuvo claras motivaciones políticas. En 2015, a poco de derrotar en las elecciones a Robles, Schneider, después de una campaña basada en desprestigiar a la gestión en ejercicio por redes sociales y en el boca a boca, solicitó el asesoramiento de dos abogados de Paraná, reconocidos por impulsar numerosas denuncias contra varios funcionarios de la gestión saliente, y presentó la denuncia penal que llevó a una gestión local a responder, por primera vez en la historia de Crespo, ante los estrados judiciales.
A nivel nacional, la campaña para las elecciones generales de aquel año estuvo determinada por las denuncias que realizaban los dirigentes y candidatos de Cambiemos, con o sin fundamento, por supuestos hechos de corrupción. Entre Ríos no quedó al margen de aquella metodología.
Reformulación
El 14 de septiembre de 2018, la jueza de Garantías N 1 de Paraná, Marina Barbagelata hizo lugar al pedido de la defensa y ordenó a los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano, que corrijan el hecho imputado porque entendió que tal como estaba redactado tenía “deficiencias profundas en la plataforma fáctica que deben ser corregidas”. El hecho fue reformulado y el 2 de noviembre de 2018 Bongiovanni los expuso en una audiencia. La defensa, que había logrado que el hecho se reformulara, escuchó el nuevo relato, entendió que no se correspondía con el hecho imputado y pidió la nulidad de los fundamentos de la modificación de la atribución delictiva que verbalizó el fiscal. Sin embargo, la jueza no hizo lugar al nuevo pedido.
Contexto
Hay una tendencia en Tribunales, una conducta de características consuetudinarias, en entender que los casos de supuesto perjuicio contra la administración pública deben ser debatidos en un juicio oral y público, que es la instancia de defensa por excelencia. El tipo de delito y el derecho de la sociedad a saber qué sucedió determinan aquella tendencia. En el debate quedó expuesto, a través de numerosos testimonios, lo que la defensa objetó en noviembre de 2018, cuando sostuvo que “acá (por los fundamentos de Fiscalía) se habló de orfandad normativa, ardid y simulación de asistencia social”, señalando, en relación a la supuesta “orfandad normativa”, que si fue así entonces “no hubo incumplimiento porque no había Ley”. Esto es lo que declararon varios funcionarios de carrera de la Municipalidad y lo que sostuvieron los imputados cuando declararon en la jornada del viernes.
La defensa también señaló en 2018 que “no hablamos de dinero sino de dar materiales de construcción a ciudadanos de Crespo que lo solicitaban”, y cuestionó que no se citaran como imputados a los beneficiarios, para determinar si realmente necesitaban los materiales, y a los corralones Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus, señalados por Fiscalía como los beneficiarios de las compras directas, eludiendo las normas, ordenadas desde el municipio.
En aquella audiencia, Barbagelata, después de una dura, dilatada y compleja discusión, hizo lugar al pedido de la defensa para que se incorporen beneficiarios de la asistencia. Así, se convino en designar quince para que comparezcan a declarar. En el debate lo hiceron solo dos. La jueza dejó flotando sus “dudas” respecto de la decisión de no citar a los corralones.
Tejido social
Testigos e imputados recordaron difíciles situaciones en relación a las circunstancias que rodearon la denuncia. Una testigo, empleada de casi dos décadas en la Comuna crespense, se quebró al recordar las presiones que soportó para que recabara información para inculpar a Robles. Por su parte, Winderholler sostuvo que supo de otros trabajadores municipales que padecieron persecución y hostigamiento en el mismo sentido que la testigo.
Aquella situación se relaciona con un efecto, una especie de daño colateral, que no tiene consecuencias jurídicas. El señalamiento de los beneficiarios de la ayuda social a quienes se les atribuyó que vendieron su voto a cambio de materiales. La judicialización de la Política tiene aquellas consecuencias.
El ex intendente de Crespo en dos gestiones, Juan Carlos Brambilla, declaró como testigo y explicó con elocuencia las características que determinan la ayuda social en Crespo, ciudad de la que destacó su pujanza y su solvencia en materia de trabajo, aclarando que no hay bolsones de pobreza, sí situaciones de vulnerabilidad. De la explicación que dio el ex funcionario se puede colegir que, por aquellas características, la ayuda social en Crespo comprendía situaciones que en otros municipios serían desestimadas.
Incomprensión
Para la anécdota quedarán las intervenciones de los fiscales en los interrogatorios a los testigos. La perplejidad de uno, que no podía entender que la construcción de un tapial para que el conflicto entre dos vecinos no pase a mayores, podía ser entendida como ayuda social; el ímpetu en las preguntas para que se diera por correcta una manera de entender la adquisición de materiales: en la gestión Robles de hacían compras según los pedidos que ingresaban al área de Desarrollo Social, en la de Schneider se realizan grandes compras para tener stock e ir otorgando el material a medida que era solicitado.
Otro que le preguntó a un testigo, contador del Municipio desde hace dos décadas, si había realizado “posgrados” en Derecho económico y administrativo, pretendiendo dejar en evidencia una supuesta falta de preparación del funcionario. Una impresión es que, con preguntas como la del fiscal se intenta filtrar la idea de “meritocracia”, para sostener que la Política y la gestión de la burocracia del Estado están en manos de personas que no están preparadas. Así es como la Política dejaría de ser un espacio de ciudadanos decidiendo los destinos colectivos y gestionando la cosa pública, para ser el espacio de “los que saben”, de los que “estudiaron”, de los que hicieron “posgrados”.
¿Cierre?
El juicio terminará con una sentencia y cerrará un proceso judicial. Lo que no quedará saldado con el fallo son las heridas que dejó en la sociedad de Crespo una causa que lleva más de cuatro años de sustanciación y sentó en el banquillo de los acusados a tres funcionarios, de los que hasta los testigos de cargo y el denunciante, reconocieron que no se llevaron un solo peso de la administración pública. Todo esto a pesar de que en 2018, Bongiovanni fundó la acusación en que los imputados desplegaron un mecanismo delictivo en un contexto de “orfandad normativa” consistente en sustraer caudales públicos durante un prolongado período, que se fue incrementando a medida que se acercaban las elecciones en las que Robles pretendía renovar su mandato, refiriendo también que los imputados desplegaron un “fraudulento proceder a sabiendas” y un “ardid sistemático” que reveló “la intención deliberada de perjudicar el patrimonio público”.
Necesaria aclaración
En la página 5 de la edición de EL DIARIO de ayer, viernes 5 de marzo, se deslizó un yerro involuntario en la nota titulada “Fijaron fecha de juicio contra el exgobernador Urribarri”.
Los lectores deben saber que en la corrección estilística del material original, se produjo una atribución de fuente equívoca, ya que la pieza fue construida desde cero en la Redacción, a través de contactos con fuentes judiciales consultadas frecuentemente y no -tal como se consignó- a partir de un “comunicado de la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ)”, área que por otro lado no produjo ninguna comunicación específica sobre ese expediente en la jornada del viernes.
Lamentamos el desafortunado incidente, no sólo porque puede haber afectado a terceros -los lectores, por ejemplo-, sino porque lo publicado no rinde honores al trabajo periodístico realizado por nuestros profesionales.
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