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Luces y sombras sobre las condiciones de detención

Un relevamiento realizado sobre las condiciones de detención destaca que en Entre Ríos las comisarías no están desbordadas de personas privadas de la libertad, como ocurre en otras provincias. En cambio, sí se detectó hacinamiento en las unidades penales. También se llamó la atención sobre el uso de la fuerza en el momento de las detenciones.

 

 

Redacción EL DIARIO/[email protected]

 

El jueves 1 de diciembre a las 18, en el salón Amanda Mayor del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, se presentó un informe sobre Condiciones de detención en comisarías y alcaidías de Entre Ríos. El proyecto fue aprobado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. Allí, se sintetizaron las “informaciones y conclusiones” producidas en el marco del Proyecto sobre Condiciones de Detención en Comisarías y Alcaidías de Entre Ríos, impulsado por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, a través de la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, seleccionado en la convocatoria realizada por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura para fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

El proyecto, según se consignó, “tuvo como una de sus principales motivaciones desarrollar un diagnóstico al respecto sobre el territorio provincial y el impulso de un sistema coordinado de control de lugares de encierro que fortalezca las funciones estatales vinculadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad.

Se trata de contribuir al resguardo de los derechos humanos de la población que es detenida por delitos, contravenciones o averiguación de antecedentes, permaneciendo alojadas en jefaturas departamentales, comisarías o alcaidías de nuestra provincia”.

CONTINUIDAD

En la presentación, el panel, que estuvo integrado por María del Rosario Badano, directora de Promoción de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de Uader; Lucía Tejera y José Iparraguirre, miembros de la Rodher; Nadia Ahumada, de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social; y los comisionados del Comité de Prevención de la
Tortura, Diana Conti y Gustavo Palmieri, coincidieron en señalar que “existe una continuidad vigente” desde el fin de la dictadura cívico-militar respecto de “lo que se denomina cultura policial”.

En este sentido, se entendió que “las formas de funcionamiento de las fuerzas de seguridad ha sido uno de los cuestionamientos más fuertes por parte del movimiento de derechos humanos, que advierte las continuidades en la organización del campo social en donde se construyen mecanismos de consentimiento para legitimar la fuerza aplicada sobre determinados cuerpos, que generalmente son excluidos de los derechos y beneficios de la ciudadanía”.

COMISIONADOS

Conti y Palmieri dialogaron con EL DIARIO y resaltaron la importancia del informe. En este sentido, Conti explicó que “entre las varias actividades, funciones y obligaciones legales del Comité, está la de hacer monitoreos en las provincias respecto de sus lugares de encierro e intentar trabajar buenas prácticas para que la vida en el encierro sea lo más digna posible.

En este caso, la Rodher generó una línea de acción para apoyar proyectos de trabajo locales que coadyuven a la tarea de prevenir la tortura, como -por ejemplo- monitorear comisarías. Lo hicieron y hoy (por el jueves 1 de diciembre) se presenta públicamente.

El informe consiste en una tarea tan útil para la provincia como para nosotros en este camino difícil de sensibilizar a la sociedad, por un lado, y a los funcionarios públicos, por otro, para que el encierro sea una cuestión de quite de libertad cuando es por una medida penal, cuando es una medida necesaria por una enfermedad mental, o lamentablemente por aquella vejez desamparada que no tiene otro lugar donde estar; pero que, más allá de la libertad, no puede trascender a la salud, a la vida digna, a la educación, a la comida, y otras situaciones”.

PARTICULARIDAD

Conti precisó además que “se monitorearon solo comisarías” y que “la particularidad de Entre Ríos es que, a diferencia de otras provincias, cuidaron, dentro de todo, que las comisarías no queden atestadas, porque eso surge de nuestro informe sobre Entre Ríos, lo cual generó hacinamiento en las unidades carcelarias y en alcaidías, pese a que el gobierno
provincial inauguró una alcaidía en Concordia”.

La entrevistada puntualizó: “Vemos con expectativa positiva que se va a dejar sin efecto la segunda cárcel más antigua del país -que es la Gualeguaychú- para trasladar o distribuir a la población privada de la libertad, mayoritariamente a los pabellones hechos en la granja penal; vemos que hay un esfuerzo orientado a comprender que existe una relación entre el hacinamiento y la tortura, el maltrato y la vida inhumana”.

ACÁ NO SUCEDE

Por su parte, Palmieri recordó que “hicimos una visita en noviembre de 2021 a toda la provincia y a distintas unidades penales y se incluyeron las comisarías, lugares de salud mental, de alojamiento de niños, niñas y adolescentes; y se iniciaron conversaciones con distintas organizaciones que trabajan en diferentes lugares del territorio. No hay, como
en otras provincias donde se llega a tener la mitad de la población privada de la libertad por temas penales o criminales, dentro de comisarías. Eso en Entre Ríos no sucede; sí hay un hacinamiento pronunciado en algunas unidades, como Paraná, Gualeguay y Gualeguaychú, dado que hubo un notorio crecimiento en la población penitenciaria”.

El comisionado precisó que se elaboraron propuestas para abordar las complejas situaciones: “Hay una cuestión muy fuerte, porque nuestro informe es público, primero se lo mandamos a las autoridades por si quieren corregir o hacer algunas propuestas en esa línea, ya ese período pasó y hace meses que es público, en ese informe planteamos distintas alternativas. Una tiene que ver con el fortalecimiento de la Defensa Pública; otra con la búsqueda de salidas alternativas para delitos que no son violentos o que son menores. Hay una búsqueda de otros tipos de prisionización. El Código Penal, algunas normas locales, pero también los códigos penales nacionales han agravado mucho el
panorama, por eso no es solo una situación de Entre Ríos”.

Palmieri destacó que “el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también hizo algunas recomendaciones en esa línea y nosotros entendemos que es importante que se pueda cumplir. Al mismo tiempo, la creación de un mecanismo local que la provincia lo tiene pendiente, ya más de la mitad de las provincias lo crearon como ordena la Ley, sobre mecanismos de prevención de la tortura. Entre Ríos lo tiene legislado, pero aún no lo ha conformado y nos parece fundamental que lo haga”.

Finalmente, el comisionado destacó que “otra cuestión que relevamos tiene que ver con que, si bien no hay hacinamiento en comisarías, hay muchas alegaciones, muchos reflejos de malos tratos al momento de la detención. De las personas que entrevistamos, son numerosas las que presentaban lesiones que incluso estaban registradas y nos parece importante profundizar las investigaciones sobre esos casos porque en años recientes fallecieron personas en comisarías en situaciones que no están suficientemente investigadas”.

Actores

El panel que presentó un relevamiento sobre Condiciones de detención en comisarías y alcaidías de Entre Ríos, celebró el involucramiento de dos universidades. En este sentido, en el informe se consignó que “al abordar una temática como esta se entendió necesario incluir a otros actores que territorial y académicamente vienen promoviendo la defensa y protección de los derechos humanos, por lo que se articuló con dos universidades públicas en nuestra provincia. A través del Área de Derechos Humanos y Participación Ciudadana
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se propició un abordaje multidisciplinar generando espacios de capacitación, investigación y debate con capacidad de producir efectos sobre nuestro territorio provincial”.

Además, se entendió que “esta articulación entre los organismos de derechos humanos y las universidades se explica por el hecho de ser éstas escenarios fundamentales para la construcción y disputa de sentidos, generando pensamiento y conocimiento crítico, promoviendo el desarrollo de una conciencia política y la sensibilidad social y cultural necesarias para articular y abordar las diversas realidades que hacen al entramado social.

Cabe señalar que los informes de los lugares inspeccionados no son iguales; y esto responde, no sólo a ciertas particularidades de cada sitio, sino también a la diversidad de
integrantes del equipo. Si bien hubo tres personas que recorrieron los 14 lugares, se sumaron contribuciones de docentes, investigadores y estudiantes de las universidades que participaron de todo este proceso”.

Una de las críticas esbozadas en el informe es el uso de la fuerza al momento
de la detención

Lugares

El trabajo de inspecciones y observación realizado sobre 14 comisarías y alcaidías, a mediados de 2022, comprendió la Jefatura Departamental de Villaguay; Jefatura Departamental y Comisaría Minoridad y Violencia Familiar de Colón; Jefatura Departamental de San Salvador; Jefatura Departamental y Comisaría Segunda de Concordia; Jefatura Departamental y Comisaría del Menor y la Mujer de Victoria; Jefatura Departamental y Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Gualeguaychú; Jefatura Departamental de Diamante; y en Paraná, la Alcaidía de Tribunales y la Comisaría
Contravencional.

Conclusiones generales

Las organizaciones concluyeron que el trabajo de inspecciones y observación “sirve para alertar una vez más –pero de forma aún más direccionada– sobre las indelegables responsabilidades del Estado en materia de Derechos Humanos.

El resultado de este informe es necesariamente un llamado de atención a las autoridades públicas, pero también a la sociedad. La garantía y vigencia de los derechos humanos en general y en los ámbitos de encierro en particular, como bien sabemos por la experiencia histórica, no se salda ni cercanamente con la mera sanción de leyes o normativas, ni con la disposición de reglamentos y protocolos, sino que depende de la acción del Estado promoviendo de forma constante las condiciones necesarias para su realización y vigilando y evaluando de forma permanente su efectividad”.

Añadieron que “ello requiere de marcos normativos claros, pero sobre todo lisa y llanamente, de inversión pública coherente, suficiente y constante para proporcionar establecimientos con estructura, organización y prestaciones compatibles con la dignidad humana”.

El equipo que relevó las condiciones de detención es multidisciplinar

 

 

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