En la audiencia de cesura de la pena tras el veredicto de culpabilidad al que arribó un jurado popular, que encontró culpables a los cuatro imputados por el asalto a la Sala de juegos de Casino Neo, en Paraná, Fiscalía pidió duros montos. Las defensas solicitaron el mínimo para el delito por el que se condenó, Robo agravado por el uso de arma de fuego, que prevé una mínima de seis años y ocho meses de prisión.
Redacción EL DIARIO / [email protected]
Tras el veredicto de culpabilidad al que arribó el miércoles 9 de noviembre en una audiencia que duró alrededor de 12 horas, la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones interina, Paola Firpo, resolvió ayer pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 23 a las 12, cuando dará a conocer el monto de la pena que se aplicará a cada uno de los imputados.
Se trata de cuatro hombres, entre ellos un policía en disponibilidad con una condena de ejecución condicional como antecedente y un ex empleado de la sala de Casino Neo Game, ubicada en calle Galán 1345, en Paraná, que fueron juzgados por el golpe que habrían perpetrado el martes 19 de octubre de 2021, alrededor de las 10.45, contra aquella sala de juegos.
Eric Agustín Santini, de 21 años, enfrenta un pedido de pena de prisión de 13 años; Héctor Emanuel Cejas, de 34 años, uno de 15 años y seis meses; Gustavo Adrián Cabrera, de 44 años, policía en disponibilidad desde hace tres años y actualmente desocupado recibió el pedido más alto: 17 años; y Alfonso Martin Mildenberger, de 44 años, ex empleado del Casino, actualmente desocupado, uno de 14 años y seis meses.
La cesura, es decir, la determinación del monto de la pena se conocerá el miércoles 23 a las 12. Las defensas solicitaron que se aplique a cada uno de los imputados el mínimo que comprende el delito imputado, seis años y ocho meses de prisión.
Firpo también resolvió hacer lugar al pedido de prórroga de la prisión preventiva que los ahora condenados comenzaron a cumplir el mismo día en que se conoció el veredicto.
Lo hizo tras entender que se configuraba el peligro procesal de fuga, coincidiendo con Fiscalía en que el dinero robado, que ascendió a la suma de 2.000.000 de pesos, aún no fue hallado y podría ser usado para financiar la fuga. También entendió que con aquella medida de coerción se protegía a los ciudadanos que formaron parte del jurado que condenó a los acusados.
Las defensas brindaron sólidos argumentos en rechazo del pedido. Entre otros, se destacó que ninguno de los imputados realizó acciones que pudieran interpretarse como una evidencia de intentar eludir el accionar de la Justicia. Así, propusieron salida alternativas como la prisión domiciliaria, pero no encontraron eco en la jueza.
Fiscalía
Fiscalía fundó los montos de las penas en que, en el caso de Cabrera, éste “coordinó desde las sombras” y desde un rol que le garantizaba impunidad, el golpe. También entendió que por su condición de policía en disponibilidad aún es funcionario y por esa condición debía velar por el cumplimiento de las normas y no lo hizo. Como Cabrera tiene una condena condicional, se solicitó la unificación con la que se le impondrá en esta causa.
En el caso de Cejas, los fiscales señalaron que fue uno de los acusados que ingresó al Casino armado con un arma apta para ser disparada. También resaltaron que uso un nivel de violencia importante contras dos empleados de la firma. Respecto de Mindelberger, entendió que aportó a la organización los datos que les permitieron a dos de ellos ingresar a la sala, puesto que de otro modo no habrían podido franquear la puerta de ingreso. Finalmente, en el caso de Santini, se entendió que si bien ingresó con un arma que no era apta para el disparo, usó la violencia para reducir a los empleados. Los fiscales evaluaron que reconoció que participó del hecho.
Defensas
Las defensas coincidieron en destacar que no hubo un nivel de violencia que constituyera un agravante de la situación procesal.
Así, entendieron que la violencia está implícita en el tipo penal robo. También señalaron que no hubo una afectación al bien jurídico vida –un arma no habida era una réplica y la otra no estaba en condiciones de funcionamiento de manera convencional-; que los dos empleados reducidos no sufrieron lesiones ni afectaciones en su moral; y que si bien el dinero no fue hallado aún, la firma cuenta con seguros, por lo que la suma le debe haber sido restituida, lo que descarta que como consecuencia del delito, alguna persona haya quedado empobrecida.
Las defensas también resaltaron las condiciones socio económicas de sus defendidos, que tienen a su cargo sus respectivos grupos familiares, en algunos casos con hijos muy pequeños, en otros con hijos cursando estudios universitarios, en un contexto de crisis económica y falta de trabajo.
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