Urribarri será juzgado en 9 jornadas en septiembre, 15 en octubre, y 2 en noviembre

Se trata de tres causas acumuladas, por los presuntos delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Peculado y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.   El Tribunal de Juicio comunicó a las partes la fecha del juicio que

Se trata de tres causas acumuladas, por los presuntos delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Peculado y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

 

El Tribunal de Juicio comunicó a las partes la fecha del juicio que se sustanciará contra el exgobernador Sergio Urribari y varios ex funcionarios de su gestión. Será en nueve jornadas en septiembre, 15 en octubre, y dos en noviembre. Se trata de tres causas acumuladas, por los presuntos delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Peculado y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

“Atento al estado de las presentes actuaciones acumuladas, lo informado por el Actuario, fijase audiencia de juicio oral por ante este Tribunal de Juicio integrado por Carolina Castagno, Elvio Garzón, y quien suscribe la presente y preside el Tribunal, José María Chemez, para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre de 2021, 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre de 2021, 15 y 16 de noviembre de 2021, con inicio de todas las jornadas a las 9 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ)”. Así, Chemez fijó fecha de debate para dirimir las tres causas que se unificaron bajo la “conexidad subjetiva” determinada en que dos imputados están en las tres causas y otros dos, en dos.

Situaciones previas

Según un comunicado de la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la fijación de la fecha de debate llega precedida de una serie situaciones técnicas y políticas. Las primeras son las recusaciones de dos de los vocales del Tribunal de Juicio que tendrá la responsabilidad de dictar una sentencia -que fueron rechazadas por los propios vocales-, de las excusaciones de tres vocales de aquel Tribunal y de dos jueces de Tribunales inferiores que eludieron entender en las actuaciones por distintos motivos. La segunda tiene que ver con el calendario electoral: si bien la realización de las PASO está en duda, las elecciones legislativas de medio término están fijadas para el 24 de octubre.

Las recusaciones que precedieron la determinación de la fecha de debate fueron planteadas por el defensor José Velázquez, quien pidió el apartamiento de los vocales Chemez y Castagno porque participaron de “admisión de la pruebe en una de las tres causas ahora acumuladas. En aquella oportunidad el defensor sostuvo que “…las garantías del sistema acusatorio operan a favor del imputado, la resolución que admite las pruebas es equivalente a ‘…si en el mismo proceso hubiere pronunciado’. De lo contrario, llevado a cabo la acumulación de las tres causas, los vocales Castagno y Chemez tendrán un conocimiento superior sobre el vocal Garzón, ya que desde la perspectiva del sistema acusatorio, Castagno y Chemez tempranamente se han involucrado en la teoría del caso de las partes, afectando además la igualdad de armas. Tampoco Buffa se encontraría en igualdad de condiciones con el resto de los imputados”.

Al rechazar las recusaciones, Castagno y Chemez reconocieron que intervinieron en uno de los legajos pero entendieron que “no constituye motivo de recusación el hecho de haber dictado el auto de admisión de prueba en una de las causas acumuladas”, porque consideraron que aquella “decisión no implica prejuzgamiento ni puede fundar seria y objetivamente el temor de parcialidad del tribunal que plantean el imputado Buffa y su defensa”.

Chemez también ordenó que se cite a los fiscales, Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, y a los defensores Raúl Barrandeguy, José Candelario Pérez, Marcos Rodríguez Allende, Ignacio Esteban Diaz, José Velázquez,  Pedro Fontanetto, Guillermo Vartorelli, Miguel Ángel Cullen, y Emilio Fouces, en representación de los Imputados Sergio Daniel Urribarri, Pedro Ángel Baez, Juan Pablo Aguilera, Luciana Belén Almada, Corina Elizabeth Cargnel, Alejandro Luis José Almada, Maximiliano Romeo Sena, Hugo Fernando Montañana, Gustavo Rubén Tamay, Emiliano Oscar Giacopuzzi y Germán Buffa, “a tales efectos”.

Si bien eran tres las causas, los fiscales Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes ya que todos se basan en la «utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial» de Urribarri en 2015.

Los abogados defensores de Urribarri y los de los otros acusados habían impugnado los informes periciales de la fiscalía y el Poder Judicial, las páginas web de noticias tomadas como prueba y las llamadas telefónicas entre los imputados. Pero el juez Bonazzola rechazó las impugnaciones y afirmó que «no se interceptaron comunicaciones personales ilegalmente» y que las otras pruebas impugnadas verán «su alcance probatorio durante el juicio».

“Será la oportunidad de demostrar nuestra inocencia”

“Este juicio de cuya fecha nos notificamos en las últimas horas es la oportunidad que estábamos esperando para demostrar nuestra inocencia”, expresó el embajador argentino en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en referencia a una causa en su contra en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones publicitarias y acciones de promoción efectuadas durante su gobierno.

Respecto de las acusaciones en su contra, que abarcan también a exfuncionarios y a empresarios, Urribarri sostuvo: “Se le ponen nombres de fantasía a este tipo de investigaciones, que muchas veces no se condicen con la realidad. En este caso, le dicen en algunos medios ‘megacausa’ a un expediente en el que, en realidad, se investigan cosas muy sencillas que se hacen en todos los gobiernos y que nosotros hicimos dentro de la legalidad y con el contralor de los organismos que establece la Constitución, que no realizaron ninguna observación”, indicó el embajador.

“Se trata en general de carteles de publicidad que todos los entrerrianos vieron con sus propios ojos en las rutas de la provincia difundiendo distintas acciones y obras, una solicitada que publicamos en medios nacionales, spots publicitarios que realizamos para promocionar a la provincia en ocasión de la Cumbre del Mercosur que para los fiscales son una promoción de mi figura sin ninguna prueba que lo acredite y la instalación de un parador de promoción turística en una playa de la costa atlántica, que fue parte de una serie de acciones que llevaron a que nuestra provincia se convirtiera en uno de los principales destinos de la Argentina, pero según esta investigación también fue para promocionarme a mí”, resumió el exgobernador.

“No quiero adelantar la que será nuestra estrategia defensiva en el juicio, pero quiero que sepan los entrerrianos de qué se está hablando, qué es lo que se está investigando realmente y también que obramos dentro de la ley y así lo vamos a demostrar”, concluyó Urribarri.