La Justicia provincial investiga la posible comisión de delitos durante la gestión anterior. La denuncia se formuló a partir de declaraciones del último operador del puerto de Concepción del Uruguay, José Uriburu, e involucra al entonces gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet. El empresario José Uriburu fue hasta hace poco concesionario del Puerto de
La Justicia provincial investiga la posible comisión de delitos durante la gestión anterior. La denuncia se formuló a partir de declaraciones del último operador del puerto de Concepción del Uruguay, José Uriburu, e involucra al entonces gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet.
El empresario José Uriburu fue hasta hace poco concesionario del Puerto de Concesión del Uruguay autoincriminándose al admitir que pagó coimas en dólares para poder operar, al Administrador del Ente, Carlos María Scelzi y al ex Pte de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Leonardo Cabrera. El asunto terminó en la Justicia.
Entrevistados, los actuales presidentes del Instituto Portuario Provincial, Juan Ruiz Orrico y del Ente Autárquico del Puerto Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe, se expresaron sobre la denuncia presentada el pasado 19 de abril, en relación a los supuestos hechos de corrupción que involucran a funcionarios de la gestión de Bordet.
Lo que sigue es un extracto de la conversación aludida.
–¿Cómo se inicia todo?
–DG: El 19 de abril, en mi responsabilidad de funcionario público, artículo 235 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, me presento en el Ministerio Publico Fiscal de Concepción de Uruguay para formular la denuncia correspondiente en virtud del correo recibido por parte de José Uriburu quien se dirige (a mí) con formulaciones de posibles comisiones de delito, autoimputándose en el pago de coimas en el marco de la actividad que desarrolla en el Puerto de nuestra ciudad.
–RO: Ni bien soy notificado por Di Giuseppe, resolvemos avanzar con la presentación ante la Fiscal de turno, que en ese momento era la Dra. María José Labalta, por la gravedad de las acusaciones, y por entender que el rápido accionar nos permitiría darle los elementos necesarios a la Justicia para su actuación.
Tenemos la clara instrucción del gobernador Rogelio Frigerio de ser implacables con la corrupción, actuando con absoluta transparencia y ética en el ejercicio de la función pública.
Referencias
–¿De qué período estamos hablando?
–RO: Uriburu tenía un pedido de prórroga que estaba para ser ratificada en el Instituto Portuario cuando asumimos; por falta de información vuelve el expediente al Ente Autárquico. En ese marco, y ante la falta de documentación pertinente, el Consejo de Administración establece que no cumple con los requisitos, en principio, por la deuda con AFIP y con ATER. Pero, por otro lado, al poco tiempo, durante el proceso de la solicitud de prórroga, surge que había una quiebra decretada por el Juzgado Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay. O sea que, atento a esa situación delicada que tenía la empresa, era imposible la renovación y la prórroga.
–DG: La firma TPCU SA suscribió Permiso de Uso con el Puerto de Concepción el 15 de setiembre de 2018 por 5 años. El 25 de agosto de 2023 la firma presenta nota solicitando su renovación. Dado que se encontraba en trámite, el 14 de setiembre de ese año las autoridades anteriores suscriben una adenda prorrogando la vigencia del Permiso de Uso hasta el día 14/12/2023 y luego otra prorroga hasta el día 14 de abril de 2024.
No habiendo cumplimentado con la documentación que debía presentar, nosotros resolvimos no renovar la concesión.
–¿Porque, luego de haber sido permisionario tanto tiempo y no habiendo dicho nada, denuncia ahora?
–DG: quisiera decir que estamos absolutamente convencidos de que el camino correcto fue el haber actuado en términos de Justicia y habernos presentado, elevado las pruebas, para demostrar que no hay lugar para la corrupción. El mensaje debe ser claro, sin dudas o claroscuros. En términos de porqué ahora y antes no, supongo que todo surge cuando (Uriburu) se da cuenta que no hay forma de renovarle el procedimiento vinculado al permiso de uso del Depósito Fiscal.
Contribuciones
–¿Las pruebas -videos y audios- que se aportaron en la denuncia son elementos de prueba?
–RO: Es lo que debe determinar la justicia. Hay algunos videos y unos audios que son confusos. No se ven con claridad, por lo menos a los que hemos accedido nosotros. Se escuchan conversaciones a veces con mucho ruido por detrás; algunos registros fílmicos que son en la oscuridad, se enfoca en algún lugar donde no se determina bien quiénes son las personas. No sabemos si son los únicos o hay más elementos.
–¿Los involucrados son funcionarios políticos o están en planta permanente?
–RO: Son funcionarios de planta. Nosotros, paralelamente a la actuación judicial, iniciamos un trámite en la Dirección de Sumarios de la Provincia para ver cómo procedemos y cuáles son las medidas en función del cumplimiento estricto en términos de transparencia y actuación del Estado en función de una denuncia de un supuesto hecho de corrupción.
A futuro
–¿Cómo piensan que sigue el tema?
–DG: El Ente Autárquico es una herramienta de desarrollo local y regional, es una puerta al mundo, que, para operar al 100%, multiplicar cargas y crecer seriamente, no puede ni debe estar asociada a la corrupción, el amiguismo o la arbitrariedad.
Hay mucho trabajo por hacer. La sociedad eligió a este gobierno para cambiar las cosas. Por ello estamos obligados doblemente, debemos ser mejores que los que nos precedieron y no podemos violentar la voluntad popular y la confianza de la gente.
–RO: Desde mi rol como autoridad de los puertos de Entre Ríos, entiendo que estamos ante un cambio cultural. La corrupción se convierte en el virus que hace una sociedad se estanque y atrase. Un empresario que paga coimas busca un atajo, un funcionario que cobra se lleva la plata de nuestros hospitales, escuelas o viviendas.
Por eso el gobernador Frigerio ha impulsado leyes como la de Acceso a la Información Pública, porque nuestro deber es rendir cuentas, y el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública, para que ningún empleado ni funcionario público opere de los dos lados del mostrador.
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